1º) ¿El heredero de un fallecido tiene derecho a reclamar a las aseguradoras de decesos la devolución de los servicios no prestados?

. Los familiares herederos de fallecidos tienen derecho a reclamar a las aseguradoras de decesos la cantidad consistente en la diferencia entre la suma asegurada y el importe de los servicios efectivamente prestados, si resulta inferior al importe asegurado, y no han sido prestados, como por ejemplo servicios relacionados con los velatorios, salvo que la familia del fallecido no haya pactado con la aseguradora destinar la parte económica de los servicios no realizados a mejorar otros distintos que sí puedan llevarse a cabo tal y como establece la Ley del Contrato del Seguro. Podrá pedir el abono del importe restante.

Del mismo modo, son susceptibles de reclamación los importes correspondientes a los servicios no prestados, por haber quedado prohibidos en virtud de la Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio por el Covid-19. Así, el artículo 106 bis del citado excepcional texto legal recoge que «en el supuesto de que el asegurador no hubiera podido proporcionar la prestación por causas ajenas a su voluntad, fuerza mayor o por haberse realizado el servicio a través de otros medios distintos a los ofrecidos por la aseguradora, el asegurador quedará obligado a satisfacer la suma asegurada».

2º) ¿Los familiares de los fallecidos podrán reclamar a las funerarias la devolución de precios si han sido inflados o no han prestado los servicios prohibidos?

Sí. Los familiares de fallecidos, afectados por precios inflados o servicios no prestados por parte de la funeraria, podrán reclamar la devolución de los importes de todos los servicios que no han sido prestados, como consecuencia de haber quedado prohibidos durante el estado de alarma. Del mismo modo, podrán reclamar aquel sobrecoste soportado o que se les reclame, derivado de un aumento inesperado y no habitual del coste de los servicios realizados.

¿Cómo podemos averiguar si los precios han sido inflados o no se han prestado los servicios?

Es sencillo. En primer lugar, exigir inicialmente el presupuesto y posteriormente la factura detallada y las tarifas, para verificar las eventuales diferencias entre el precio pagado por los servicios funerarios durante el estado de alarma y aquel al que los mismos ascendían con anterioridad. En segundo lugar, revisar que no se hayan incluido servicios relativos a velatorios u otros vinculados, dado que estos no tienen por qué ser abonados (ello sin descartar otros métodos). En todo caso, y a falta de presupuesto previo, habrá que solicitar informe detallado al que los servicios facturados hubieran ascendido con carácter anterior a la entrada en vigor del Decreto-Ley 463/2020 de estado de alarma, a la propia funeraria, o acudiendo a sus tarifas que eventualmente pudieran estar publicadas con carácter anterior a dicha entrada en vigor del Decreto-Ley (13 de Marzo de 2020).

También, de resultar más favorable, se podrá acudir al precio medio anual de 2019, obtenido de entre todas las empresas nacionales dedicadas a estos servicios facturados.

¿Por qué? Porque las funerarias tienen prohibido facturar servicios cuyos importes hayan sido inflados a partir del 14 de Marzo de 2020, tal y como establece la Orden de fecha 29 de Marzo, de la mano del Ministerio de Sanidad.

Si resulta que han sido inflados los importes de los servicios, podrán ser reclamados los excesos diferenciales. Por su parte, si negaren haberlo hecho, podrán emprenderse las acciones legales que proceda, para obtener la devolución de las cantidades excesivas, en favor de la familia del fallecido, o en su caso del tomador del seguro de decesos, así como la de los servicios que no han sido prestado, por estar prohibidos por la misma orden la Orden SND/298/2020, de 29 de Marzo, por la que se establecen medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres, para limitar la propagación y el contagio por el Covid-19.

La Orden especifica, de manera muy clara, establece que, para el supuesto de que los servicios referidos con anterioridad ya hubieran sido pagados por importe/es superior al que tenían antes de dicha fecha, «la empresa deberá iniciar de oficio la devolución de la diferencia, dejando constancia de las actuaciones realizadas a tal efecto en el caso de que no pueda llevarse a cabo», según establece el artículo 6 de dicha Orden. «En este caso, el usuario dispondrá de seis meses desde la fecha de finalización del estado de alarma para solicitar el correspondiente reembolso».

Esta medida es de aplicación «a todos los fallecimientos que se produzcan en España durante la vigencia del estado de alarma», independientemente de cuál sea el motivo.

Del mismo modo, el propio Ministerio señala que «las empresas de servicios funerarios deberán facilitar al usuario, con carácter previo a la contratación del servicio, un presupuesto desglosado por cada uno de los conceptos incluidos en el mismo y la lista de precios vigente con anterioridad al 14 de marzo de 2020, aun en el supuesto de que resulte necesario realizar actuaciones específicas como consecuencia de los fallecimientos producidos por causa del Covid-19».

En cuanto a los servicios o productos contratados que «no puedan ser disfrutados o entregados al usuario debido a las medidas implementadas en virtud del Real Decreto 463/2020 y sus normativas de desarrollo», el Gobierno ha establecido que se devolverá al consumidor «los importes ya abonados correspondientes a dichos servicios o productos».

Los servicios funerarios están obligados a cumplir estas disposiciones, de lo contrario «tendrá la consideración de infracción a los efectos de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias».

3ª) Son recurribles las sanciones y/o denuncias impuestas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado durante el Estado de Alarma, por haberse actuado en contra de cuanto dispone cualquiera de los Reales Decretos Ley?

SÍ. No sólo entendemos que son recurribles, sino que deben de ser recurridas. 

Todas y cada una de las denuncias/sanciones interpuestas a los ciudadanos durante el estado de alarma son recurribles.

La inmensa mayoría de las sanciones y/o denuncias formuladas por los Agentes de la Autoridad durante el periodo de Estado de Alarma, han sido redactadas e impuestas por “infracción del Real Decreto Ley de Estado de Alarma”. Este carece de rango legal para establecer nuevas infracciones, debiendo de haber sido impuestas por tanto, para su corrección y eficacia, por cuestión legal de literalidad y articulado diferente. Adolecen estas por consiguiente de un defecto sustancial, que las convierte en NULAS, es decir, nos encontraríamos ante una sanción/denuncia cuyo efecto deberá de ser el de “nunca haber existido”.

En resumen, un defecto de forma insubsanable, como es el anteriormente mencionado, convierte en NULA la sanción/denuncia interpuesta.

El porcentaje de éxito respecto de los recursos frente a aquellas deviene extremadamente alto (habrá que analizar cada supuesto particular), toda vez que el “Estado de Alarma” como tal, no puede vulnerar, atentar o restringir determinados derechos que se consideran como “fundamentales” por nuestra Constitución Española.

Además de ser minuciosamente examinado cuanto ya ha sido expuesto, habrá que tener en cuenta si las medidas adoptadas por el Gobierno, y las competencias atribuidas a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como consecuencia de cada uno los Reales Decretos Ley, han sido debidamente propuestas, aceptadas y suscritas por el Rey.

Del mismo modo, son susceptibles de reclamación los importes correspondientes a los servicios no prestados, por haber quedado prohibidos en virtud de la Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio por el Covid-19. Así, el artículo 106 bis del citado excepcional texto legal recoge que «en el supuesto de que el asegurador no hubiera podido proporcionar la prestación por causas ajenas a su voluntad, fuerza mayor o por haberse realizado el servicio a través de otros medios distintos a los ofrecidos por la aseguradora, el asegurador quedará obligado a satisfacer la suma asegurada».

4º) ¿Se puede reclamar a las aseguradoras el importe de las primas satisfechas pensando en los gastos futuros de fallecimiento y enterramiento?

SÍ, total o parcialmente, según los casos, cuando no haya sido posible llevar a cabo las actividades fúnebres según lo pactado en la póliza.

5º) ¿Se pueden reclamar seguros de vida?

SÍ, se puede. En la práctica totalidad de casos, pese a que queda alegada por la aseguradora una “Causa de fuerza mayor”.

6ª) ¿Se puede exigir una indemnización por fallecimiento consecuencia del COVID-19 al Estado, por un deficiente funcionamiento de la Administración Estatal?

Sí. Los familiares herederos de fallecidos tienen derecho a reclamar a las aseguradoras de decesos la cantidad consistente en la diferencia entre la suma asegurada y el importe de los servicios efectivamente prestados, si resulta inferior al importe asegurado, y no han sido prestados, como por ejemplo servicios relacionados con los velatorios, salvo que la familia del fallecido no haya pactado con la aseguradora destinar la parte económica de los servicios no realizados a mejorar otros distintos que sí puedan llevarse a cabo tal y como establece la Ley del Contrato del Seguro. Podrá pedir el abono del importe restante.

Del mismo modo, son susceptibles de reclamación los importes correspondientes a los servicios no prestados, por haber quedado prohibidos en virtud de la Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio por el Covid-19. Así, el artículo 106 bis del citado excepcional texto legal recoge que «en el supuesto de que el asegurador no hubiera podido proporcionar la prestación por causas ajenas a su voluntad, fuerza mayor o por haberse realizado el servicio a través de otros medios distintos a los ofrecidos por la aseguradora, el asegurador quedará obligado a satisfacer la suma asegurada».

SÍ. No sólo entendemos que se pueda, sino más bien que “se debe” de reclamar, máxime considerando que al buen quehacer general que ha sido llevado a cobo por el personal sanitario, ha existido previamente un dejación del Estado y Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, en algunos casos, en cuanto a los deberes de protección general del ciudadano, de control de la salud pública, de la gestión de riesgos y adopción de las medidas oportunas para evitar la propagación de los contagios y propagación del virus mortal.

Piénsese en las manifestaciones del 8-M –día de la mujer-, que bien podrían haber sido postergadas y, al contrario, fueron adelantadas. Ello sin olvidar otro paquete de medidas que no se adoptaron como lo son “sistemas y mecanismos de control de fronteras, aeropuertos, centros públicos y privados en los que se daban aglomeraciones de personas, eventos de todo tipo, etc.

Todo lo cual cabe añadir la falta de previsión para la adquisición de mercancías y equipos sanitarios, seguridad y técnicas de rehabilitación, cura y sanación, capaces de actuar “contra” el virus, una vez contagiados por este. No se procuró acopio de material sanitario para abordar la crisis pandémica que la OMS y otros organismos supranacionales y nacionales advertían que se iba a producir, incluso después, es decir, cuando ya se había dado la pandemia.

No olvidemos la deficiente información que fue prestada por los medios públicos de comunicación, que contribuyó a la propagación del virus (como la innecesaridad de uso de máscaras de protección; el desmentido sobre la necesidad de desinfectar los zapatos, antes de entrar en el domicilio, la única afectación a personas de muy avanzada edad y con patologías previas, etc.).

7ª) ¿Se puede hacer testamento sin notario y sin coste alguno en caso de epidemia?

Sí. Los familiares herederos de fallecidos tienen derecho a reclamar a las aseguradoras de decesos la cantidad consistente en la diferencia entre la suma asegurada y el importe de los servicios efectivamente prestados, si resulta inferior al importe asegurado, y no han sido prestados, como por ejemplo servicios relacionados con los velatorios, salvo que la familia del fallecido no haya pactado con la aseguradora destinar la parte económica de los servicios no realizados a mejorar otros distintos que sí puedan llevarse a cabo tal y como establece la Ley del Contrato del Seguro. Podrá pedir el abono del importe restante.

Del mismo modo, son susceptibles de reclamación los importes correspondientes a los servicios no prestados, por haber quedado prohibidos en virtud de la Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio por el Covid-19. Así, el artículo 106 bis del citado excepcional texto legal recoge que «en el supuesto de que el asegurador no hubiera podido proporcionar la prestación por causas ajenas a su voluntad, fuerza mayor o por haberse realizado el servicio a través de otros medios distintos a los ofrecidos por la aseguradora, el asegurador quedará obligado a satisfacer la suma asegurada».

SÍ. Puede decidir cómo repartir la herencia en presencia de tres testigos mayores de 16 años. En relación con esta cuestión, el art 701 del Código Civil Español, nos dice que no es necesario que el documento sea por escrito, sino que, según la propia ley, «se escribirá el testamento, siendo posible; no siéndolo, el testamento valdrá aunque los testigos no sepan escribir». Ya otorgado, este testamento tendrá validez mientras dure esta pandemia y durante los dos meses posteriores a esta.

8ª) ¿Me quedaré sin suministro de AGUA, LUZ y/o GAS durante EL ESTADO DE ALARMA si no puedo pagar?

Sí. Los familiares herederos de fallecidos tienen derecho a reclamar a las aseguradoras de decesos la cantidad consistente en la diferencia entre la suma asegurada y el importe de los servicios efectivamente prestados, si resulta inferior al importe asegurado, y no han sido prestados, como por ejemplo servicios relacionados con los velatorios, salvo que la familia del fallecido no haya pactado con la aseguradora destinar la parte económica de los servicios no realizados a mejorar otros distintos que sí puedan llevarse a cabo tal y como establece la Ley del Contrato del Seguro. Podrá pedir el abono del importe restante.

Del mismo modo, son susceptibles de reclamación los importes correspondientes a los servicios no prestados, por haber quedado prohibidos en virtud de la Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio por el Covid-19. Así, el artículo 106 bis del citado excepcional texto legal recoge que «en el supuesto de que el asegurador no hubiera podido proporcionar la prestación por causas ajenas a su voluntad, fuerza mayor o por haberse realizado el servicio a través de otros medios distintos a los ofrecidos por la aseguradora, el asegurador quedará obligado a satisfacer la suma asegurada».

NO. Queda prohibido durante el estado de alarma todo corte de luz, agua o gas. No importa la situación económica de las familias, pues no hay que acreditar los motivos por los que no se pueden satisfacer los recibos del suministro.

Queda recogido en el artículo 29 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19. El artículo 29 del nuevo Real Decreto-ley recoge que «excepcionalmente, mientras esté en vigor el estado de alarma, no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, incluidos los gases manufacturados y los gases licuados del petróleo, gas natural y agua a los consumidores personas físicas en su vivienda habitual, por motivos distintos a la seguridad del suministro, de las personas y de las instalaciones, aunque conste dicha posibilidad en los contratos de suministro o acceso suscritos por los consumidores, de conformidad con la normativa sectorial que les resulte de aplicación en cada caso».

«Para acreditar ante el suministrador que el suministro se produce en la vivienda habitual», continúa el artículo, «el consumidor podrá emplear cualquier medio documental que acredite de manera fehaciente dicha circunstancia. Asimismo, el periodo durante el que esté en vigor el estado de alarma no computará a efectos de los plazos comprendidos entre el requerimiento fehaciente del pago y la suspensión del suministro por impago establecidos en la normativa vigente o en los contratos de suministro en su caso».

9ª) ¿Qué hacer cuando se tiene un vuelo pagado para después del estado de alarma?

Si la fecha del vuelo es posterior al estado de alarma, es recomendable esperar. Cabe la posibilidad que sea cancelado siendo así, en cualquier caso, como usuario del medio de transporte aéreo, tiene derecho a resolver el contrato a la vez que solicitar el reembolso íntegro del importe.

Puede darse el caso de que la compañía aérea le deduzca «gastos incurridos debidamente desglosados y facilitados al consumidor». Pues el Real Decreto-ley 463/2020 plantea la posibilidad de que en la devolución en cuyo caso obedece a una cantidad inferior por la que se adquirió el billete. Le aconsejamos que exija que le justifiquen esos importes pues de no quedar acreditados de manera clara se podrá reclamar la totalidad de lo que pagó.

Si la compañía de aerolínea niega el derecho que le asiste como pasajero, habrá que hacer una reclamación. Si esta ante esa circunstancia, si se lo ofrece, no acepte bonos de la agencia sin consultarnos. Estamos para ayudarle.

Según la directiva europea, que regula los viajes combinados, pues España no puede cambiar lo vigente en la normativa europea por un Real Decreto en materia de protección a los usuarios, la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados, establece en su artículo 4 que  «salvo que se disponga de otro modo en la presente Directiva, los Estados miembros no mantendrán ni establecerán, en su derecho nacional, disposiciones contrarias a las establecidas en la presente Directiva, en particular disposiciones más o menos estrictas que den a los viajeros un nivel diferente de protección».

10ª) ¿Pueden subir el precio de la Fibra y los paquetes de telecos durante el Estado de Alarma?

Sí. Los familiares herederos de fallecidos tienen derecho a reclamar a las aseguradoras de decesos la cantidad consistente en la diferencia entre la suma asegurada y el importe de los servicios efectivamente prestados, si resulta inferior al importe asegurado, y no han sido prestados, como por ejemplo servicios relacionados con los velatorios, salvo que la familia del fallecido no haya pactado con la aseguradora destinar la parte económica de los servicios no realizados a mejorar otros distintos que sí puedan llevarse a cabo tal y como establece la Ley del Contrato del Seguro. Podrá pedir el abono del importe restante.

Del mismo modo, son susceptibles de reclamación los importes correspondientes a los servicios no prestados, por haber quedado prohibidos en virtud de la Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio por el Covid-19. Así, el artículo 106 bis del citado excepcional texto legal recoge que «en el supuesto de que el asegurador no hubiera podido proporcionar la prestación por causas ajenas a su voluntad, fuerza mayor o por haberse realizado el servicio a través de otros medios distintos a los ofrecidos por la aseguradora, el asegurador quedará obligado a satisfacer la suma asegurada».

NO. Ninguna de las compañías de telecomunicaciones podrá aumentar durante el estado de alarma los precios de aquellos servicios a sus clientes, si están prohibidas las portabilidades durante el tiempo que dure el estado de alarma. Se mantendrá el precio en los contratos ya celebrados hasta un mes después de que tal estado de alarma excepcional finalice y quedarán congeladas las ofertas promocionales preexistentes, a fin de garantizar la protección de los usuarios.

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